La denuncia la formula la Lic Marta Vega, ex Presidente del Comité de Ética del Colegio de Psicólogos de Córdoba.
A la Presidenta Del Colegio de Psicólogos/as de Córdoba Lic. Nora Galan
Córdoba, 09 de Marzo de 2023
De mi consideración:
Consternada aún por la última Resolución de Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos N°002/2023,en la que : VISTO la recomendación del Tribunal de Etica, para que se exprese al respecto de la “problemática de las matriculadas/os, que con motivo de sus intervenciones en causas judiciales donde se investigan supuestos hechos de abuso sexual infantil, son denunciadas/os ante este Tribunal de Etica” RESUELVE “ Adherir al documento de FEPRA titulado “Ataques a psicólogas/os que intervienen en la temática de abusos sexuales en la niñez”, me siento en la obligación frente a Ud. y las colegas de realizar algunas aclaraciones que considero válidas, a los fines de preservar la objetividad, la verdad y las prácticas correctas y objetivas. Aclaro antes que nada que he dedicado los últimos 25 años de mi práctica profesional, a la temática del Abuso sexual, desde ámbitos institucionales (Hospital Infantil) docentes (universidad Blas Pascal, Siglo XXI, y diferentes espacios de formación) periciales en el ámbito Penal, como perito de parte en causas de Abuso sexual, 4 años como miembro del Tribunal de Etica hasta Mayo del 2022) y psicoterapeuta de víctimas a la fecha, por lo cual me considero habilitada para emitir opiniones basadas en mi conocimiento y tránsito por la problemática.
Una vez más esta gestión nos impone sus decisiones unilaterales y políticas sin ningún tipo de consenso con los matriculados, especialmente con los que tenemos experiencia en la problemática. Esta vez, nos impone aceptar como incuestionable y de verdad absoluta un documento producido por Fepra, sin explicar si los colegas de Córdoba, abocados al tema, fueron consultados al respecto, demostrando una dependencia obsecuente a un organismo que no siempre nos representa en sus decisiones. Respecto al documento que ratifican y adhieren, debo decir que jamás vi una colega perseguida o agraviada o atacada por avalar desde su intervención, una denuncia de abuso sexual, salvo que se considere ataque al hecho de ser denunciada frente al Tribunal de Etica por praxis que transgreden nuestro Código de Etica en algunos de sus artículos. De hecho, durante mi participación en el Tribunal de Etica durante 4 años, hasta Mayo de 2022, por unanimidad fallamos sancionando colegas intervinientes en casos de abuso sexual, porque así lo indicaban nuestras normas éticas, con sanciones correspondientes en cada caso, acorde a la gravedad de sus fallas éticas, entendiendo que debíamos ser estrictos en nuestro proceder y cargo, sin priorizar cuestiones ideológicas como se pretende al parecer ahora, desvirtuando lo que es la función de los miembros del Tribunal de Etica. Pedir opinión a la Junta de Gobierno para que se expida sobre una temática que es una de los más frecuentes motivo de denuncia frente al Tribunal de Etica, es desconocer la autonomía del mismo como ente autárquico dentro del gobierno del Colegio, es un signo de desconocimiento de sus funciones y debilidad funcional. No obstante si se tiene en cuenta que todos los fallos que por unanimidad sancionaron a colegas involucradas en casos de abuso sexual, por el anterior Tribunal de Etica han sido anulados por la instancia de Apelación de esta gestión, puedo suponer que se pretende algún argumento “legal” para justificar la no aceptación de las denuncias de este tipo, que seguirán llegando con seguridad, demostrando su falta de autonomía argumental en la toma de decisiones y desconocimiento del Reglamento de Admisión de denuncias en el Tribunal de Etica, que afirma que en tanto cumpla con requisitos de identificación correcta y un breve resumen de lo denunciado, se debe acepar la denuncia. No aceptar tales denuncias, sería una decisión política y no ajustada a la función del Tribunal.
El abuso sexual es un campo específico de intervención y para su abordaje, el consenso universal y la lógica científica, indican formación en psicopatología infantil y especialmente en el campo del Abuso sexual con experiencia demostrada de intervención en ese campo, entre otros requisitos. Reducir la problemática a un tema ideológico o a marcos legales, es hacer reduccionismo y desconocer nuestro rol en ella. El abuso sexual tiene una multiplicidad de variables que lo generan, reducirlas a lo ideológico es incorrecto y peligroso. Suponer que toda denuncia es creíble sin más, asegurando que la palabra del niño es siempre creíble en temas de este orden, es desconocer las fantasías infantiles, la vulnerabilidad de los niños y su dependencia hacia el adulto de referencia, las distorsiones cognitivas y de memoria, las interpretaciones distorsionadas que hacen a veces los adultos de sus relatos, la exposición actual a todo tipo de estimulación sexual, contextos promiscuos, etc) así como asignar culpabilidad a los hombres, la mayoría padres, a priori, sin antes evaluar cada caso con objetividad, teniendo en cuenta todas las variables que inciden en la credibilidad de las denuncias, es prejuicioso y expresa un criterio sesgado e incorrecto basado en una ideología de género que demoniza al hombre. Pero más allá de las consideraciones de interpretación del fenómeno del abuso sexual ( que no es una patología y cuya lectura y abordaje excede nuestro rol) no admitir denuncias en contra de colegas que sin ninguna idoneidad ni formación y con fallas éticas en el desempeño del rol, intervienen en casos de abuso sexual, atenta contra los principios constitucionales de inocencia, en cuanto parte de la suposición o certeza de culpabilidad del hombre-supuesto agresor y de la credibilidad del relato de las denunciantes ( en su gran mayoría mujeres-madres) priorizando argumentos ideológicos y no científicos, desconociendo además una realidad actual, en la que la denuncia de abuso sexual es utilizada para dirimir conflictos adultos de otro orden, como separaciones de pareja destructivas, a sabiendas de lo que desata la denuncia, como restricciones inmediatas, procesos de investigación largos y dolorosos, que demoran años en concluir con el agravante que de ser falsa la denuncia el supuesto agresor no solo quedará estigmatizado sino que no verá más a sus hijos, ya que después de años será casi imposible la revinculación. Antes de adherir al documento de Fepra, la Junta de Gobierno, debería haber consultado a las colegas de Córdoba que nos dedicamos al tema, a las colegas del Poder Judicial, que receptan innumerables pedidos para evaluar supuestas víctimas de abuso, quienes con el criterio de Fepra no deberían realizar las pericias que les solicita la Fiscalía y adherir a lo dispuesto por Fepra y ahora por el Colegio de Psicólogos, dando por ciertas todas las denuncias y los relatos infantiles, debería el Colegio, intervenir en la demanda de refuerzo, de las colegas del Poder Judicial, desbordadas por tanta denuncia de abuso sexual, debería chequear sobre los espacios de asistencia específica a niños abusados en Córdoba, que son escasos, la seriedad de las formaciones en la temática y de exigir que quienes la abordan cumplan los requisitos, debería también, acercarse y consensuar criterios de intervención con el Poder Judicial, entendiendo que es una conducta delictiva, con nuevos formatos como su utilización para dirimir problemáticas adultas de otro orden, distorsionando para ello, los relatos de los niños a veces maliciosamente generando daños irreversibles a niño, familia y supuestos agresores y gastos procesales, avaladas por colegas que dan por cierta la denuncia, por el solo hecho de que así lo indica Fepra.
Lo más increíble del documento aprobado además es que termina con un “agradecimiento al Dr. Carlos Rozansky por su aporte y generosidad, quien continúa colaborando para proteger a niños y adolescentes de abuso sexual” Es curioso que exalten como referente y le agradezcan a un personaje del Derecho y mediático como el juez Rozansky, denunciado por el Jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, ante el Consejo de la Magistratura por maltrato laboral a sus empleados, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación, en detrimento de otros, exceso de licencias sin justificación. dilacíon de causas e innumerables denuncias por destrato y autoritarismo desde que fue Juez de Familia en Rio Negro, debiendo renunciar del TOF 1 de La Plata en el 2016 y a quien el actual gobierno protege con una fastuosa custodia a cargo de las arcas del Estado teniendo a su disposición custodia personal de gendarmería y policía federal, aunque su seguridad no está en riesgo. Les recuerdo a la Junta de Gobierno que existen referentes de nuestro ámbito (psicológico) tanto en el orden nacional como Irene Intebi y de prestigio en nuestra ciudad dignas de destacar, por su trayectoria, aportes y trascendencia internacional, como la Dra. Hilda Marchiori, pionera en Victimología en Córdoba, Liliana Angelina de Licitra fundadora de la Cámara Gesell en el Poder Judicial de Córdoba, entre otros aportes, y tantas otras que nos enorgullecen, no mencionarlas en el documento, habla de desconocimiento o devaluación de nuestras profesionales destacadas en la problemática y una dependencia de las opiniones y directivas del poder central que nos coloca en un lugar que no es el adecuado.
Entendiendo mi derecho de manifestarme libremente como parte de una concepción democrática, solicito se tenga en cuenta mi desacuerdo con lo resuelto, que no dudo refleja la opinión de quienes trabajamos en la problemática del abuso sexual, y que antes de apresurarse a emitir opinión o adhesiones que puedan confundir , se consulte con los referentes locales del tema, más aún si ello atenta contra los derechos constitucionales, los datos de la realidad, el sentido común y el abordaje científico del abuso sexual.
Atentamente
Lic. María Marta Vega
Hola , buenos dias. Se puede ver este escrito desde una pagina oficial? Para evitar que desde la publicación de Infancia Compartida, sea tomado como un enfoque sesgado. Hay algun tipo de enfoque similar en CABA? Desde ya muchas gracias.
La carta fue enviada por la Licenciada al Colegio y fuimos autorizados a publicarla, no figura públicamente en ningún sitio oficial del colegio.