Por María Marta Vega. (Presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos (2019–2022) – Ex Jefa de Salud Mental del Comité de Maltrato del Hospital Infantil – Perito de control en la Justicia Penal en casos de abuso sexual -Formadora docente en Violencia contra niños y Abuso Sexual – Psicoterapeuta de víctimas.
La ideología de género y su imposición cultural y filosófica; con supuestos y novedosos formatos de sexualidad y sus derechos correspondientes, incorporó el uso del lenguaje inclusivo y curiosas modalidades de interpretación de la realidad que se inscribieron en la vida política, social y jurídica de nuestro país.
Instalados e incentivados por los partidos políticos que encontraron en ello, una nueva forma de seducción al votante. A tal efecto, se intenta imponer desde el monopolio dircursivo del estado (y una superioridad autopercibida) una visualización del mundo a la que hay que adherir, con el riesgo de quedar aislados por trogloditas en caso de cuestionar alguna de sus, muchas veces, endebles y ficcionales afirmaciones. Por ejemplo: según la misma, no agregar el femenino en nuestros discursos hoy en día nos convertiría practicamente en cavernícolas. Se impuso con relativa y maniquea aceptación en los sectores altos y medios, especialmente por comunicadores, políticos y funcionarios. Más progresistas se suponen (o se simulan) más comprometidos a la misma.
Entre psicólogos no utilizar el lenguaje inclusivo te catapulta a la trinchera de la “antigüedad”. El Colegio de Psicólogos de Córdoba por decisión del grupo que lo gobierna actualmente (de evidente inclinación ideológica y por su decisión exclusiva e inconsulta con el resto de la comunidad Psi) se ha convertido en el hoy Colegio de Psicologues. Raudamente la institución que nuclea a los profesionales psicólogos de Argentina (FEPRA) adhirió a las nuevas modalidades, con documentos de dudosa legalidad (y cientificidad) como la prohibición de aceptar el SAP ( Sindrome de Alienación Parental) y cualquier sugerencia de instalación de discursos adultos en niños, muy frecuente en situaciones de conflictos parentales con involucración de niños. El argumento se basa en la credibilidad sin cuestionamiento de las denunciantes, en general madres.
Esto implica, que se pretenda avalar ciegamente denuncias de abuso sexual hacia niños (cada vez más frecuentes, las reales y las falsas) y ser señalados por un sector si se llegase a considerar que no tienen elementos suficientes de veracidad (o directamente de su falsedad). Muchas de esas denuncias (nadie se preocupa en relevar fehacientemente cuantas) con claros indicios de estar siendo utilizadas para dirimir conflictivas personales/ de pareja en los tribunales, a sabiendas de los beneficios que les otorgan las nuevas leyes a las mujeres. Para quienes defendemos esta postura tan real y tangible, se reservan las torquemadas una fuerte cuota de repudio y practicamente una condena a la hoguera por parte del fundamentalismo inquisitivo de ese sector.
La mayoria de los fiscales no se animan a sobreseer (ni siquiera a archivar las causas) aun siendo desestimadas las denuncias por sus propios equipos técnicos, porque los movimientos feministas radicalizados suelen amenazarlos o escracharlos en los medios. Así, las causas duermen en las fiscalías por años sin resolverse.
En esta avalancha de denuncias instumentales se desconoce todo tipo de estadistica cualitativa: ¿Cuanto demoran en promedio los procesos de investigación penal? ¿Cuantas son sobreseidas? ¿Cuantas archivadas? Cuantas causas injustamente sin resolver por insuficientes indicadores de ocurrencia e igualmente grave cuantas son probadamente falsas denuncias (y no se sancionan). Dar a conocer estos datos expondría el fracaso de una política de Estado que destina cifras multimillonarias en Ministerios, Secretarias, Observatorios, Fiscalías, ONGs militantes y múltiples instituciones estatales para abordar la violencia contra niños y mujeres. Todo un andamiaje que no ha logrado disminuir ni un solo femicidio, abusos, maltratos, ni otras violencias.
No obstante sus “politicas” siguen siendo prioridad de asignación económica. Tal es así el fabuloso presupuesto que el Estado les asigna.
En otro ordén, se omite la frágil validación y la complejidad que el delito del abuso sexual implica para una Justicia acostumbrada a juzgar desde lo fáctico; que teniendo en cuenta la ausencia de indicadores físicos en la mayoría de los casos, depende del decir psicológico a través de las pericias, asignándoles a psicólogos, una responsabilidad que los excede en el rol, ya que no se trata de una psicopatología, sino de una circunstancia en la vida de las victimas. La formación para abordar rigurosamente esta problemática no está incluida en la curricula de pregrado, sino que es una decisión formativa posterior, electiva, sacrificada y que implica como condición criterios de validación de credibilidad de los relatos y amplio conocimiento en psicopatología (requisitos que no siempre se cumplimentan en su abordaje).
Variedad de colegas diagnostican, promueven denuncias, sugieren apartamientos, basándose más en un libreto ideológico que en certezas científicas, con el (irreparable) daño consiguiente y los gastos procesales que generan cuando las denuncias no son reales.
En su sustento ideológico militan la credibilidad de las madres denunciantes sin ningún cuestionamiento, solo basado en la mística de la maternidad que confiere a las mujeres condición de creíbles y protectoras en su calidad de paridoras. Nada más cuestionable ya que las hay buenas y protectoras pero también las que maltratan y las que no dudan en utilizar a los hijos para dirimir conflictivas de pareja no resueltas a sabiendas que la ideología de género las protege dogmáticamente, no pocas veces a través de psicólogas angeladas ansiosas por transformarse en heroínas defensoras de los derechos de mujeres y niños, autopercibidas como “perseguidas” por una cultura patriarcal que supuestamente las ataca unicamente por su valentía protectora en pos de las víctimas de la perversión masculina y jamás por su falta de ética o valía profesional.
Nadie niega la existencia de los verdaderos abusos sexuales que continúan sucediendo (aunque cada vez son más visibles, la mayoría se saldan impunes) y que son una realidad dolorosa y de dificil prevención. Pero tampoco puede negarse la aparición de nuevos formatos denunciativos utilizando maliciosamente la ideología de género como basamento interpretativo y juzgante, que desgasta a la Justicia y desprotege a las verdaderas victimas por no contar con mecanismos que eviten el fraude.
En general la problemática se da en estratos sociales medios y altos con acceso a la intervención de muchas partes opinadoras que complican las investigaciones penales con los antagonismos diagnósticos (mediante la intervención de peritos de parte, ámbitos privados y/o públicos) que atraviesa la supuesta víctima para exponer su relato.
Mientras, los verdaderos abusos quedan subdiagnosticados, o no llegan al ámbito penal por no contar con abogados patrocinantes y peritos pagos para su tramitación, terminando en el anonimato y la impunidad por falta de recursos económicos o naturalizándose en sus contextos de ocurrencia por la indefensión económica y su entramado social vulnerable. Tampoco se menciona el vació asistencial para su abordaje terapéutico por carencia de suficientes espacios específicos para ello.
De hecho es tal la imposición de la ideología de género, que cualquier acto de cuestionamiento a las normas de esta nueva saga, es reprimido por misógino y atrasado. Debatir o no aceptar todas las modalidades de la ideología te transforma en troglodita, una especie de miembro del Ku Klux Klan, que sin capucha ni túnica, atentaría contra un cada vez más numeroso grupo que a base de privilegios y favor politico avanza instalando discursos que deben ser aceptados obligatoriamente para no quedar aislada del mundo de los mil géneros, catapultada en la ignominia de la exclusión y obligada a recitar de memoria la ley Micaela en señal de constricción.
María Marta Vega
Presidenta del Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos (2019–2022)
Ex Jefa de Salud Mental del Comité de Maltrato del Hospital Infantil
Perito de control en la Justicia Penal en casos de abuso sexual
Formadora docente en Violencia contra niños y Abuso Sexual
Psicoterapeuta de víctimas
Si, afectan la integridad y crianza de un menor.
Interesante, gracias.