Es una pregunta para la que no hay un respuesta certera. Ni los organismos de protección de niñez, ni el poder judicial, ni las defensorias nacionales y provinciales de niñez saben a ciencia cierta (ni les interesa, aparentemente) cuantos niños, niñas y adolescentes ven sacudida su existencia por la judicialización de su infancia, por parte de padres y madres que no saben ponerlos como prioridad.
Los procesos adversariales que suelen darse en los juzgados a partir de una separación de pareja muchas veces tienden a agudizar la crisis y el enfrentamiento que la pareja parental sufre. En ese contexto muchas veces los hijos quedan atrapados en conflictos de lealtades, recorte de sus derechos de comunicación, alimentos y calidad de vida.
Con el fin de intentar dimensionar esta problemática que el estado decide invisibilizar, nuestro equipo de voluntarios se dió a la tarea de elaborar una estimación a partir de los (pocos) datos y estadísticas oficiales que conseguimos recolectar.
Por supuesto es perfectible, pero lo creemos un punto de partida, una respuesta a un interrogante que debería resolver el estado.
Las cifras son escalofriantes: entre 275.000 y 690.000 niños sufrirían la judicialización de su infancia.
Pueden leer el informe aquí
Primera-estimación-Infancia-Judicializada-1