Por Lic. DAVID A. MARTÍNEZ (Psicólogo Forense – Presidente Asociación de Psicólogos de la Provincia del Chaco – Profesor Titular de Psicología Forense en la Carrera de Psicología en UCES)
Los psicólogos que intervienen en procesos penales por delitos contra la integridad sexual de menores, desarrollan su labor en un clima de riesgo y de tensión profesional constante. Este artículo examina la necesidad de garantizar la ética, el rigor científico y la imparcialidad como principios rectores, así como la importancia de elevar los estándares científicos del sistema judicial. Todo ello en el entendimiento de que una Justicia equitativa y protectora de los derechos de las víctimas más vulnerables, exige una revisión constante de las prácticas periciales.
La preocupante situación en torno a los peritos psicólogos que trabajan en casos de delitos sexuales contra menores requiere una atención urgente. Es notorio que existe un clima de riesgo y presión ideológica constante que no solo afecta a los profesionales involucrados en los pleitos judiciales, sino que también socava la integridad y credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.
Es de vital importancia que los peritos desempeñen su labor con ética y rigor, basándose en sólidas bases científicas y manteniendo una postura objetiva y neu-tral. Un perito no debe militar ninguna otra causa que no sea la de la búsqueda de la verdad y debe poder desarrollar su labor con la tranquilidad de que sólo eso le será exigido durante el proceso.
Claramente, existe consenso entre los profesionales de la psicología forense en que el sistema judicial debe mejorar sus estándares en la calidad de los in-formes periciales utilizados como pruebas. Es fundamental que se sigan los protocolos nacionales e internacionales para abordar adecuadamente a las presuntas víctimas de delitos sexuales y realizar un estudio riguroso de los presuntos agresores. Esta necesidad es ampliamente reconocida y compartida por quienes trabajan en el ámbito forense, y es crucial para asegu-rar la justicia y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.
Es especialmente preocupante la creciente aceptación de posturas ideológicas fundamentalistas en los procesos judiciales, así como la falta de rigor científico en las evaluaciones psicológicas practicadas. No pocas veces este tipo de pericias llevan a errores judiciales o medidas desacertadas. El Caso Lucio Dupuy, recientemente, ha demostrado la falsedad del slogan que reza “los niños siempre dicen la verdad”. A veces mienten para no perder el amor de quien los maltrata.
En aras de una justicia equitativa y respetuosa de los derechos de todas las partes involucradas en el con-flicto legal, se hace imprescindible que los Tribunales Superiores lleven a cabo investigaciones independien-tes y exhaustivas sobre el uso de técnicas y protoco-los científicamente validados por los cuerpos técnicos bajo su órbita.
Inauditamente se condena a los psicólogos y psicólo-gas que osan utilizar el concepto de alienación o in-fluencia maliciosa, cuando se trata de explorar hipóte-sis de falsas alegaciones de abuso o maltrato. Los profesionales, así presionados, solo se sienten estimu-lados a escribir informes políticamente correctos, pero falsos y dañinos.
En ciencia un concepto no se lo elimina prohibiéndolo, sino probando de manera consistente que es falso.
¿Existe algún conjunto serio de estudios psicológicos que haya probado la inexistencia de la alienación infantil perpetrada por un progenitor en detrimento del otro? Afortunadamente, muchos magistrados se hacen la misma pregunta y ordenan estudios más profundos y completos.
Es fundamental establecer un sistema judicial riguroso y exigente que promueva la excelencia y la imparcialidad en la labor pericial de los psicólogos. Esto implica la creación de una cultura pericial en la que prime una ÉTICA DE LA VERDAD y se rechace cualquier intrusión ideológica o política.
La instauración de una cultura pericial basada en una ética de la verdad en la actividad de los psicólogos forenses implica comprometerse institucionalmente con la honestidad intelectual, la objetividad, el respaldo en la evidencia científica, el respeto por la dignidad humana y la actualización continua de los equipos técnicos. Estos principios son fundamentales para garantizar la integridad y la calidad de la labor pericial en el ámbito de la psicología forense.
Solo a través de estos esfuerzos conjuntos, sistemáti-cos y consistentes podremos garantizar un futuro más justo y seguro para toda la sociedad.
Es importante abordar este tema con prudencia, sensatez y amplitud, reconociendo que existen diversas perspectivas y opiniones en torno a estos asuntos. Es precisamente por ello que debe estimularse un debate honesto y democrático, en la justicia, en la academia y en la sociedad.
Ser intelectualmente honesto implica no distorsionar la información, no manipular los datos o evidencias para respaldar una postura preconcebida, individual o colectiva. Implica la búsqueda de la verdad, el reconocimiento y la aceptación de la evidencia y la disposición a cuestionar y revisar las propias creencias y argumentos.
Desde luego, nunca debemos perder de vista la necesidad de proteger y garantizar los derechos de las víctimas de delitos sexuales cuya voz suele ser cruel-mente silenciada incluso por aquellos que tienen el deber legal y moral de hacerla oír, pero también es un deber irrenunciable el asegurar la integridad y credibilidad social del sistema de justicia que debe juzgar este tipo de hechos.
En resumen, desde mi punto de vista, es crucial tomar acciones concretas para abordar los desafíos actuales en relación con los peritos psicólogos en casos de delitos sexuales contra menores. Mediante una com-binación de rigor científico, estándares éticos elevados y una colaboración efectiva entre los actores involu-crados, podremos avanzar hacia una justicia más equitativa y una protección más efectiva de los dere-chos de las víctimas más vulnerables.
DAVID A. MARTÍNEZ, PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA FORENSE (UBA).
Resistencia, Chaco, 4 de junio 2023.
Estimado David acuerdo en lo que estas planteando, lamentablemente no se exige formación a los peritos oficiales.
Hace unos años, le comenté a una compañera de trabajo sobre la alineación parental…su enojo fue increíble..su rechazo a la figura me sorprendió..más tarde y por mi experiencia personal descubrí que su oposición responde únicamente a una cuestión ideológica y política..así estamos.